Nosotros

Como CEE, colaboramos con el cumplimiento de la normativa y las políticas de RSE de las empresas. En este sentido, la LISMI (Ley de Integración Social de personas con discapacidad) obliga desde 1982 a las empresas de más de 50 trabajadores/as en plantilla a cubrir ésta con el 2% de personas con discapacidad. Estas contrataciones están a su vez bonificadas. Cuando no existe la posibilidad de cumplir con esta ley y las causas son justificadas, tal como determina la normativa, la empresa puede acogerse a las Medidas Alternativas que se regulan en el Real Decreto 364/2005 y que comprenden mecanismos sustitutivos que posibilitan el cumplimiento mediante la compra de bienes o servicios a Centros Especiales de Empleo.